Ciudadanos ha solicitado en el Pleno que el Consistorio “suspenda y paralice de forma inmediata y urgente la recaudación de los recibos del IBI afectados por la regularización catastral”. Así lo ha explicado la portavoz local naranja, Marian Fernández, que considera que esta moratoria “debe prolongarse al menos hasta que se clarifiquen todas las deficiencias detectadas”. La edil ha recordado que fue el propio Catastro con la ayuda del Consistorio, quien activó la regularización catastral en el municipio, con el fin de detectar alteraciones urbanísticas y regularizarlas en el catastro: “Esta regularización implica una tasa de 60 euros, el cobro retroactivo de 4 años por la diferencia del recibo del IBI no cobrado y no prescrito y, la consiguiente subida del recibo del IBI, que cobra el Ayuntamiento, que es al fin y al cabo el principal beneficiado de este proceso, frente al perjuicio económico que sufren los vecinos”.

Fernández ha denunciado que el proceso ha estado plagado de irregularidades y abusos, “como la regularización errónea y desorbitada de gallineros, piscinas de plástico, sombrillas de terraza, bajos sin negocios reconocidos, casas en construcción, construcciones de chapa y una actualización de valores superior al 50% del precio medio de mercado, en contra de la actual norma catastral”. Ante esta situación, “los vecinos no se han sentido ni informados ni respaldados por su Ayuntamiento, que solo se preocupa por cobrar. Los vecinos han denunciado en numerosas ocasiones este silencio ante sus escritos o sus quejas”.

La concejal naranja ha considerado que esta “brutal regularización catastral” y el hartazgo acumulado por contar con un tipo impositivo “desorbitado” fue el detonante de un movimiento vecinal sin precedentes que llegó a sumar a unos 5.000 vecinos, prácticamente un cuarto del censo local.