La postura contraria del PSOE y la abstención de Ciudadanos, los dos partidos que sostienen la Alcaldía de la localidad torreña, no permitieron dar vía libre a la Moción que en el Pleno del pasado lunes presentó el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento para exigir al Gobierno de España que garantice la libertad de enseñanza y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones morales, tal y como refleja la Constitución española.

Además, también se proponía que Consistorio torreño instara al Ejecutivo de la Nación para que garantice la libre elección de centro.

Es así que los concejales populares propusieron los siguientes acuerdos:

-Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal constitucional en relación al Art 27°, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos.

-Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.

-Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho lo que implica que ambas redes, pública y privada-concertada tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho.

-Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que estas puedan elegir con total libertad.

-Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada-concertada como garantes de la libertad de elección de las familias.

-Respetar y cumplir el Art 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

-Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del Art 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas.

-Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades educativas consagradas en la Constitución Española.