La sentencia anula resoluciones firmadas por el alcalde, Pedro José Noguera Asensio, y la Secretaria General del Ayuntamiento apuntando a una actuación “dilatoria” para impedir el acceso a expedientes municipales.

Todo ello mientras otro juzgado investiga posibles delitos de prevaricación administrativa en el seno del equipo de gobierno El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por vulnerar derechos fundamentales de concejalas de la oposición, anulando varias resoluciones firmadas por el alcalde, Pedro José Noguera Asensio, y la Secretaria General, que retrasaban de forma indeterminada el acceso a expedientes municipales perfectamente identificados y digitalizados.

La sentencia considera que el consistorio convirtió el derecho de acceso a la información pública “en una mera expectativa condicionada”, impidiendo de forma efectiva las labores de control y fiscalización de la oposición.

Las solicitudes registradas por el Grupo Municipal Socialista incluían incluso el número concreto de los expedientes y reclamaban acceso telemático mediante el gestor documental Gestiona.

Sin embargo, las resoluciones recurridas respondían sistemáticamente que la documentación sería facilitada “cuando estuviera a disposición” de Secretaría General, precisamente el órgano encargado legalmente de custodiar y tramitar dichos expedientes administrativos.

Además, tanto las recurrentes como el Ministerio Fiscal apreciaron durante el procedimiento un patrón de actuación reiterado y dilatorio.

De hecho, el propio Ministerio Fiscal llegó a advertir durante el procedimiento de una conducta municipal “de carácter dilatorio o incluso denegatorio”.

“No estamos hablando de un error administrativo puntual.

Estamos hablando de una forma de actuar orientada a dificultar el acceso de la oposición a información pública que era imprescindible para ejercer nuestra labor de control democrático”, señalan fuentes del Grupo Municipal Socialista.

Todo ello se produce en un contexto político especialmente delicado para el equipo de gobierno municipal, después de que otro juzgado de Molina de Segura haya acordado la admisión y apertura de diligencias previas contra dos concejalas del gobierno local por una presunta prevaricación administrativa por la contratación de más de 270.000€ en gastos irregulares de las fiestas de 2023, que se llevaron a cabo de forma verbal, sin procedimiento y con dudosas exclusividades.

“Cada vez resulta más evidente que detrás de esta estrategia de bloqueo y ocultismo había una voluntad deliberada de dificultar la labor de control de la oposición.

Negar el acceso a expedientes concretos, perfectamente identificados y digitalizados, no solo supone un grave obstáculo para la transparencia institucional, sino que además puede impedir que salgan a la luz posibles irregularidades o actuaciones susceptibles de reproche penal, como ya ha sucedido con las fiestas patronales, respecto de las cuales un perito independiente, el Ministerio Fiscal y la jueza instructora coinciden en apreciar indicios relevantes”, señalan fuentes socialistas.

La sentencia también deja constancia de que el Ayuntamiento solo reaccionó y fijó fechas concretas de acceso después de la interposición del recurso judicial y una vez conocido el requerimiento del juzgado, reforzando así la impresión de una actuación defensiva y obstruccionista.

“No hablamos de transparencia, sino de todo lo contrario: de una pauta de comportamiento orientada a dificultar el control democrático y a impedir que la oposición pudiera acceder en tiempo y forma a información pública sensible.

Es especialmente escandaloso que expedientes concretos, integrados en Gestiona y custodiados por la Secretaría General, no estuvieran disponibles.

La sentencia deja claro que hubo una voluntad de aplazar y obstaculizar el acceso a la información”, añaden desde el PSOE.

La situación adquiere además una enorme carga política por el hecho de que el propio alcalde, Pedro José Noguera Asensio, forme parte de la Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local de la FEMP en representación de la Región de Murcia.

“Es difícil encontrar una contradicción institucional mayor: representar la transparencia en organismos nacionales mientras un juzgado te condena por vulnerar derechos fundamentales relacionados precisamente con el acceso a la información pública”, concluyen desde el grupo socialista.