El PP pide al Gobierno de España que permita al ayuntamiento utilizar su superávit para actuar contra las consecuencias de esta crisis sanitaria

El Grupo Municipal Popular en el ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha exigido al Gobierno de España que permita flexibilizar las reglas para que el consistorio pueda utilizar su superávit para implementar las medidas o servicios que permitan actuar contra las consecuencias de esta crisis y así ayudar a revitalizar la economía local, siempre en coordinación con la Comunidad Autónoma y el Estado.

El PP torreño ha subrayado que el Gobierno central está estudiando "confiscar" el superávit generado en 2019, así como todos los recursos económicos que los consistorios tienen en las entidades bancarias. "El Estado no puede utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma para vulnerar los preceptos constitucionales, por lo que debe respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a los ayuntamientos para la gestión de sus recursos propios", matizan los populares locales. 

En este sentido, han incidido en que "los ayuntamientos no podemos ser la tabla de salvación para un Gobierno central, que desde 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y que ha negado al Ayuntamiento los ingresos que correspondían a nuestro ayuntamiento por ley derivado de lVA de diciembre de 2017".

El anterior Equipo de Gobierno del PP fue capaz de crear ahorro gracias a una gestión eficiente y rigurosa de los recursos, demostrando que el ayuntamiento torreño en manos de los populares fue capaz de generar un saldo positivo en las cuentas públicas municipales en el cierre de los ejercicios presupuestarios. 

El PP presentó este 7 de abril una moción para ser debatida en Pleno a través de la cual insta además a que si el Gobierno pretende modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía que sea el Congreso el que valide dichas modificaciones.

Con todo, el PP torreño se muestra convencido de que esta moción se aprobará de forma unánime por todos los grupos políticos, al considerar que "se debe de reivindicar el derecho a decidir cómo emplear los remanentes generados por nuestro ayuntamiento". 

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